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LA FENAJE Y LA ASOCIACIÓN DE PICHINCHA INVITAN A FORMAR PARTE DE NOSOTROS PDF Imprimir E-mail

 

LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES JUDICIALES DEL ECUADOR (FENAJE), SALUDA MUY CORDIALMENTE A TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS JUDICIALES DEL PAIS, E INVITAN A SER PARTE DE VUESTRAS ORGANIZACIONES Y OBTENER LOS SERVICIOS QUE USTED SE MERECE.

 
FENAJE Y ASO PICHINCHA INFORMAN PDF Imprimir E-mail

 
FENAJE INFORMA SOBRE AVANCES DE LA HOMOLOGACION JUDICIALE PDF Imprimir E-mail

"El nuevo Presidente de la Fenaje, Dr. Eliseo García Gómez, en compañía de otros compañeros acudieron ante la Corte Constitucional, solicitando se resuelva sobre la homologación en sentencia de la Acción Extraordinaria de Protección en la Corte, a fin de que se cumpla la  Homologación Salarial de todos los servidores judiciales del paìs".


 
FENAJE INFORMA SOBRE FONDO DE CESANTIA JUDICIAL PDF Imprimir E-mail

 
FENAJE INFORMA SOBRE OFICIO RECIBIDO POR PARTE DEL C.J. EN REFERENCIA A PEDIDOS DE LA FEDERACION PDF Imprimir E-mail

 
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"LA JUSTICIA LLEGA TARDE O TEMPRANO


El día 20 de diciembre del 2010 el Dr. Angel Rubio Game, Presidente de la FEDERACIÓN DE EMPLEADOS JUDICIALES FENAJE, a nombre y en representación de la misma y de TODOS LOS SERVIDORES JUDICIALES DEL PAÍS que no han sido homologados conforme lo ordenado por el mandato Presidencial antes mencionado presentó acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura. Después de casi cerca de UN AÑO de su presentación, esto es el 12 de septiembre del 2011 la SEGUNDA SALA PENAL, COLUSORIO Y TRANSITO DE PICHINCHA resuelve la apelación planteada y en sentencia acepta la Acción de Protección y dispone que se apique la fase II de la Homologación y se ubique a todos los cargos de los trabajadores y funcionarios judiciales en la banda Techo de la remuneración de escalas 1 a 16 que se encuentran en la banda (baja y media), a fin que se dé el mismo tratamiento salarial homologado de igual rango y escala laboral, es decir se dicta un fallo favorable y justo para los judiciales del país; con fecha 15 de septiembre del 2011 el Consejo de la Judicatura de Transición solicita ampliación de la sentencia y por fin, después de UN AÑO DOS DÍAS me es grato informar (después de todo este trajinar, desazón en la lucha e incomprensión ante este tema de la homologación) que hemos sido notificados con el último auto dictado en la Acción de Protección:


ACCION DE PROTECCION NRO. 218-11.- SEGUNDA SALA DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA


2012-09-17 AUTO GENERAL VISTOS: Avoca conocimiento de la presente causa el señor Ab. Carlos Gáravi Naranjo, Conjuez, por estar legalmente habilitado mediante Memorando No.1995-DP-DPP-CJT-IEM-2012, de fecha 22 de agosto del 2012. El señor Director Nacional de Patrocinio y Delegado del Procurador General del Estado Abg. Marcos Arteaga Valenzuela, pide que la Sala amplíe y aclare la sentencia pronunciada por la misma, sobre la ilegitimidad de las resoluciones expedidas por el Consejo de la Judicatura, en flagrante violación de las normas del derecho público, incumpliendo los Arts. 58 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; y, Art. 41 inciso tercero de la Ley Orgánica de Responsabilidades, Estabilización y Transparencia Fiscal; así como también como ejecutar la sentencia que se fundamente en resoluciones de carácter administrativo que son nulas.- El señor Director Nacional de Asesoría Jurídica y Delegado del señor Director del Consejo de la Judicatura de Transición, por su parte pide que se amplíe y aclare la sentencia señalando la disposición constitucional o legal que sustenta el considerando sexto de la sentencia, sobre que la acción de protección se vuelve masivamente imperiosa; que especifique los nombres, cargos que ocupan, banda o escala laboral de los miles de funcionarios judiciales, con la remuneración que perciben; que se señale la disposición legal que faculte impugnar actos administrativos por la vía constitucional, señalando el acto u omisión perpetrado por el Consejo de la Judicatura que vulneró algún Derecho Constitucional , igualmente que se señale la norma que permita que mediante la acción de protección se ordene el alza de sueldos, sin observar el trámite verbal sumario, señalado en el Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; finalmente la pertinencia de las disposiciones constitucionales, legales y la de los tratados y convenios internacionales citados en la sentencia.- Al satisfacer el traslado corrido con estas peticiones, el representante de la FENAJE, Ángel Rubio Game, pide que se rechace tales solicitudes de acuerdo con el Art. 282 del Código de Procedimiento Civil.- Para resolver la Sala considera: PRIMERO.- En la extensa argumentación contenida en la sentencia dictada por la Sala, se han contemplado prolijamente todos los argumentos constitucionales, legales y referentes a tratados internacionales suscritos por el Ecuador que garantizan el derecho al trabajo, la igualdad de las personas y concretamente de los funcionarios judiciales para percibir remuneraciones en el rango o banda correspondiente según su ubicación, eliminando el discrimen que ha venido manteniéndose en muchos aspectos, que en parte los ha reconocido el Consejo de la Judicatura y se ha allanado a cumplirlos, los ha ejecutado en una parte, pero en otra no, por eso la decisión de la Sala es de que se cumpla en lo que falte.- SEGUNDO.- La Resolución claramente explica que el Consejo de la Judicatura debe aplicar la segunda fase de homologación ubicando a todos los cargos de los trabajadores y funcionarios judiciales en la BANDA TECHO de escalas 1 a 16 que se encuentran en la banda baja y media, a fin de que se dé el mismo tratamiento salarial homologado de igual rango y escala laboral; se ordena también la reparación del derecho violado de los empleados que no han sido ubicados desde el mes de agosto del año 2009, con efecto retroactivo, lo que no se opone a que el Consejo de la Judicatura, como Organismo del Estado, arregle su presupuesto y contemple tal homologación, dentro de sus posibilidades presupuestarias, a fin de que se consagre un derecho constitucional que como bien lo declaran los abogados de tal organismo ha sido motivo de múltiples acciones de protección ordinaria, con fallos discrepantes como es común, en materia tan delicada como es la que ha motivado la presente acción de protección.- La Sala recuerda que el propio Consejo de la Judicatura ha admitido su deber para realizar la homologación de remuneraciones, ha ofrecido cumplirla y en buena parte ya lo ha hecho, de manera que no ha existido oposición al respecto sino una aceptación de un derecho constitucional indiscutible del trabajador judicial. TERCERO.- El Art. 282 del Código de Procedimiento Civil, aplicable como ley supletoria, dispone que la aclaración procede cuando el fallo fuere oscuro y la ampliación cuando no se hubieren resuelto todos los puntos controvertidos y el Art. 281 IBIDEM prohíbe revocar total o parcialmente la sentencia. Atentas estas consideraciones, se desechan las peticiones presentadas por los representantes del Consejo de la Judicatura y de la Procuraduría General del Estado.- NOTIFÍQUESE

 

2011-09-12 SENTENCIA VISTOS: Ángel Rubio Game, Presidente de la FENAJE, interpone recurso de apelación de la sentencia dictada el 25 de abril del 2011, por la jueza Décimo Tercero de Garantías Penales de Pichincha (encargada), mediante la cual niega la acción de protección planteada en contra del Consejo de la Judicatura, representada por el Dr. Benjamín Cevallos Solórzano en calidad de Presidente del Consejo de la Judicatura. Con estos antecedentes, para resolver la Sala considera: PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver de tal recurso, conforme lo prevé el Art. 208 N. 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y en virtud de lo previsto en el Art. 86 de la Constitución de la República y Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. SEGUNDO: El proceso es válido y así se lo declara. TERCERO: El accionante en representación de la FENAJE, en su recurso de apelación señala que: la señora Jueza de A-quo se ha limitado a reproducir en su sentencia lo manifestado por las partes en la respectiva audiencia, y carece de motivación. El Artículo 76 Numeral 7 literal l) claramente manifiesta que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas, y debió hacer referencia a normas y principios constitucionales. No se ha valorado la prueba documental presentada que da sustento constitucional a lo alegado por su parte, ni se ha tomado en cuenta el allanamiento que ha realizado la parte demandada pese a que consta en la misma sentencia. Los argumentos de la defensa del Consejo de la Judicatura expresados en la audiencia de acción de protección, no han sido valorados por la Jueza de Primera instancia. El accionado se encontraba en la obligación de demostrar que no habían los hechos discriminatorios firmados en la demanda, para lo cual debía establecer que existen otros servidores judiciales que tienen una remuneración superior, porque tienen situaciones disímiles y porque existen diferencias fácticas para ello. No logró demostrar el accionado cuales fueron las razones o parámetros que se tomaron en cuenta para que a la accionante se la haya ubicado en las escalas correspondientes, observemos la discriminación que existe con los documentos que obran del proceso y que ha hecho referencia la señora Juez. El Consejo de la Judicatura no ha establecido justificación de las diferencias salariales, y debe admitirse como cierta la discriminación alegada en su demanda que fue fundamentada en el Art. 11.7 de la Constitución; Art. 326.4, del principio de derecho al trabajo que prescribe: “ A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración” “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. (Art. 11 ibidem). Las disposiciones comunes de las Garantías Jurisdiccionales, en el Art. 86, numeral 3 de la Constitución dispone: “ ...Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. Que el Art. 181 de la Constitución determina las funciones del Consejo de la Judicatura, ellos tienen la obligación de formular la propuesta presupuestaria de la Función Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen la obligación de otorgarle los recursos a la Función Judicial, pero de ninguna manera en las facultades del Consejo de la Judicatura consta que es posible que ellos puedan tomar un acto discriminatorio contra un servidor judicial. La acción de protección actúa donde la justicia ordinaria no puede garantizar plenamente los derechos fundamentales de las personas, ya porque no existe la vía judicial o la que existe no es idónea o porque la justicia ordinaria no le permite gozar de sus derechos en forma oportuna y breve. Es indudable que resulta lesivo, el no contar con un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. En muchos casos la justicia ordinaria puede ser o es ineficaz, tanto porque carece de vías procesales, o por las que tiene actúan en forma lenta y tardía; para remediar esta ineficiencia se ha implementado la acción de protección. El criterio doctrinario, mantenido era que la acción de protección era residual, ahora no se necesita agotar las vías previas. Admite que la accionante para reclamar sus derechos conculcados, tiene las vías judiciales y administrativas previstas en la ley, pero la acción se la utiliza como mecanismo para evitar un perjuicio que resulta irremediable para la accionante, por tratarse de una violación permanente de derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad y a no lo discriminación, por ello, requiere una tutela en los términos del Art. 43. 3 de las reglas citadas; y es irremediable, porque los medios judiciales no representan un mecanismo para hacer cesar de manera inmediata la discriminación en curso. Las normas constitucionales deben aplicarse aún cuando las partes no las invoquen expresamente Art. 426 y, además los derechos y garantías deben aplicarse en forma directa e inmediata de oficio o a petición de parte Art. 11. 3, estas disposiciones no han sido aplicadas por la señora Juez. Lo anotado concuerda con el Art. 40.3 de la vigente Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, que determina que la acción de protección se podrá presentar cuando concurran los requisitos: “ 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”; y lo previsto en el Art. 42.2 de la citada Ley, por tanto, la acción no procede cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, SALVO QUE SE DEMUESTRE QUE LA VÌA NO FUERA LA ADECUADA NI EFICAZ”. Para reclamar por las remuneraciones de la parte accionante, por motivos de celeridad no es la vía adecuada ni eficaz para hacerlo, no se puede hacer cesar en forma inmediata un trato desigual o discriminatorio. La vía para reclamar violación de derechos constitucionales no es la acción de incumplimiento que hace referencia en la Sentencia recurrida por las siguientes razones: 1. Se debe tomar en cuenta que el asunto en conocimiento del juez no trata de garantizar el cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico, ni cumplimiento de sentencia alguna o de un informe de un organismo internacional que es lo que protege propiamente la acción de incumplimiento, el asunto en conocimiento del juez trata sobre la violación al derecho a la igualdad y la discriminación de la que han sido objeto los funcionarios judiciales al constatarse que el Consejo de la Judicatura emitió actos por los cuales se benefició a unos servidores judiciales con una remuneración superior con discrimen y a otros servidores que realizan igual trabajo; por lo tanto, la vía para la protección de un derecho fundamental es la acción de protección. 2. La acción de incumplimiento es procedente únicamente cuando se constata una RELACIÓN DIRECTA entre el órgano público que tiene una obligación de hacer o no hacer algo, clara expresa y exigible y la persona natural o jurídica a quien se le incumple. No existe relación ente la FENAJE y el Ministerio de Finanzas, la FENAJE es una persona jurídica de derecho privado constituida al amparo del Titulo XXX del Código Civil, por lo tanto, el hecho que una persona jurídica privada exija al Ministerio de Finanzas recursos no podría generar incumplimiento alguno por parte de dicha Cartera del Estado, pues no tiene obligación alguna con los particulares sino únicamente con órganos que ejercen funciones administrativas públicas como es el caso del Consejo de la Judicatura. Las relaciones entre el Ministerio de Finanzas sólo se producen con organismos públicos y excepcionalmente con personas jurídicas de derecho privado cuando éstas actúan en el ejercicio de una función administrativa. ¿Realiza la FENANJE funciones administrativas? La respuesta es No. No puede pedirse incumplimiento alguno sencillamente porque el Ministerio de finanzas no está obligado a nada para con la FENAJE. 3. La aludida violación al trámite no encuentra sustento alguno. Lo que se acusa mediante la acción de protección no es el incumplimiento alguno sino la violación de derechos constitucionales concretos perpetuados por el Consejo de la Judicatura a través de sus propios actos. En ningún momento la parte accionada ha demostrado documentalmente que han presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas los requisitos necesarios para la Asignación presupuestaria, únicamente se habló de actos pero no de negativas por parte del Ministerio respectivo, y que el Consejo de la Judicatura se allanó a las pretensiones del accionante a través de patrocinador. Que no se ha remitido al análisis de las actuaciones entre la legalidad y constitucionalidad; por lo tanto, la diferencia entre la teoría y práctica judicial en el Estado Constitucional de Derechos que actualmente se encuentra consagrado en el inciso primero del Art. 1 de la Constitución establece: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia....” Al formularse el carácter constitucional del Estado, implica que la legalidad se vuelve componente de la constitucionalidad y que la Constitución sea fuente de instrumento de derechos y garantías. Que la Corte Constitucional tiene la atribución para conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública: cuando un acto administrativo tiene la característica o efectos generales, según la Constitución la competencia para resolver su inconstitucionalidad la tiene la Corte Constitucional. Las actuaciones del Consejo de la Judicatura, por las cuales se han realizado diferencias y discriminaciones con respecto a la homologación salarial, no son generales, y por el contrario, si son concretas y particulares, pues, si bien están dirigidas a un grupo indeterminado de personas (funcionarios y servidores judiciales) la concreción y la particularidad del acto no se lo mide en razón de la identificación de las personas destinatarios del acto sino en función del asunto individual o singular. El Consejo de la Judicatura no está normando conducta alguna que mande, prohíba o permita para que se pretenda alegar la presunta generalidad y abstracción de sus actuaciones y por ello excluir de la acción de protección la diferencia entre los servidores judiciales en la homologación que ha realizado el órgano demandado. Las actuaciones del Consejo de la Judicatura, no está regulando conducta alguna por la que se pretenda asimilar un carácter general de sus actuaciones, sino, por el contrario, en aplicación del mandato general de homologación ha expedido actos por los cuales ha vulnerado derechos, es decir se tratan de auténticas manifestaciones de voluntad de una autoridad pública que tiene como efecto la violación de derechos constitucionales y por lo tanto es procedente la acción de protección. La acción de protección según el Art. 88 de la Constitución procede también en contra de políticas públicas por lo tanto, al entablarla poco importa la cantidad de personas sujetas a la vulneración de sus derechos fundamentales y prueba de ello. CUARTO Entre las objeciones que realiza el Consejo de la Judicatura, expresa: la “Homologación Salarial” fue publicada en la Disposición Transitoria primera del mandato N. 002 emitido por la Asamblea Constituyente, el 24 de Enero del 2008, y por tanto este acto tiene el carácter de ser legal, porque nace de la ley, no se le puede otorgar un carácter constitucional, en vista de que la Constitución no encuentra la figura “homologación salarial”. Que no es procedente aceptar la acción de protección ya que los actos expedidos el 3 de Junio del 2008 y el 25 de agosto del 2009 que se refieren a la homologación salarial porque la parte accionante lo que busca es que se desconozcan estos actos administrativos de carácter general; y, pues ello propende a la ruptura del Estado de Derecho y a la seguridad jurídica porque el Consejo de la Judicatura es el único órgano de gobierno administrativo vigilancia y disciplina de la Función Judicial, por tal circunstancia lo que correspondería, en derecho, es recurrir ante la Corte Constitucional y demandar el incumplimiento de estos actos administrativos de carácter general, conforme lo dispone el Art. 436 N. 5. de la Constitución de la República, que dice: “La Corte Constitucional ejercerá además de las que le confiere la Ley, las siguientes atribuciones: Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes....” observándose lo previsto en los Arts. 52 y siguientes pertinentes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el numeral 3 del escrito de impugnación el accionado, añade que, según el Art. 181, N. 2do de la Constitución de la República: “Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley..... conocer y aprobar la pro forma presupuestaria de la Función Judicial...”. Art. 264 N. 10 del Código Orgánico de la Función Judicial N. “Al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde elaborar la proforma presupuestaria de la Función Judicial que será enviada para su aprobación según la Constitución. Distingue además, que la parte accionante al haber presentado acción de protección, busca que se desconozcan actos administrativos expedidos del 3 de junio del 2008; y del 25 de agosto del 2009, (fs. 1090 a 1094) Acta Resumen de la Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, en su contenido: Art. 9. Niveles de Autorización, refiere a lo preceptuado en el Art. 326 N. 4 de la Constitución de la República: “ El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios...A trabajo de igual valor, corresponderá igual remuneración. Art. 113 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa vigente a la fecha de Resolución del Pleno, en que, los puestos deben ser remunerados sobre la base de un sistema que garantice el principio de que la remuneración del servidor y trabajador será proporcional a sus funciones, eficiencia y responsabilidad, menciona además, al Art. 23 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU N. 2 “ toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” Dicha acta ratifica el proceso de homologación fase II a aplicarse a partir del mes de agosto del 2009, que ubica a todos los cargos a la banda techo de la remuneración, como única alternativa para solucionar los problemas presentados y que a futuro podrían presentarse, ya que la falta de aplicación de la segunda fase de homologación, ha complicado el proceso y ha dado paso al reclamo judicial de funcionarios y empleados por lo que el proyecto tiene una incidencia presupuestaria de 9.973.763,43 dólares, a cuyo efecto es buscar la equidad y equilibrio, en el uso de la independencia y autonomía que goza el Pleno del Consejo de la Judicatura en materia de regulación de remuneraciones homologadas de la Función Judicial instante que inició la homologación II fase de las Remuneraciones de los servidores judiciales, a partir del mes de agosto del 2009; y que la resolución de 25 de Agosto del 2009, se fundamenta en el Art. 113 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa vigente a la fecha de resolución del Pleno, en que, los puestos deben ser remunerados sobre la base de un sistema que garantice el principio de que la remuneración del servidor y trabajador será proporcional a sus funciones, eficiencia y responsabilidad, y del Art. 23 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU N. 2 que prevé: “ toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social ” (Las negrillas son nuestras) Acto por medio del cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la homologación Salarial, conforme consta de las copias debidamente certificadas del Acta Resumen de las Sesiones Ordinarias del 3 de junio del 2008 (I fase de homologación); y martes 25 de agosto del 2009 (II fase de homologación); y, por lo tanto, no existe ninguna omisión, ni mecanismos legales, para realizar discriminación en la cual dicho organismo ha incurrido en contra de la parte accionante. QUINTO: De autos existen las siguientes constancias procesales: De fs. 1 a 35 consta el proyecto de homologación a la remuneración unificada a Nivel Nacional de 16 de abril de 2008, que contiene algunos criterios técnicos: como la Regulación de las Bandas Base y media al Techo, elementos fijos de la remuneración, regularización en lo posible de la remuneración en forma vertical entre bandas, sin que incida cuantitativamente, cuidando el presupuesto asignado para renumeraciones, base legal, intangilibilidad de derechos constitucionales, observancia del principio de a igual trabajo corresponde igual remuneración; decisión que fue adoptada por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura el 4 de diciembre del 2007, ante la necesidad de proceder a un proceso de homologación, debido a la diversidad remunerativa, por cuanto coexisten tantas remuneraciones como cargos existen, en la Función Judicial, y acogiendo el mandato N. 2 emitido por la Asamblea Constituyente Art. 1 y 2; A fs. 45 el Memorando N. 071-S-CJ-09, enviado por el Director Nacional Financiero Encargado de 28 de Agosto del 2009, que pone en conocimiento del Dr. Gustavo Donoso Director General del Consejo de la Judicatura la resolución de 25 de agosto de 2009, anexando otros informes del equipo de trabajo conformado por la Directora Nacional Financiera ( Econ. Sonia de la Cruz), Asesor Comisión Administrativa Financiera (Ing. Wilson Navarro Ramón) y Marcelo Dalgo, informe que determinó tres bandas para las escalas de clasificación de puestos. Oficio circular N. 803-P-CJ de Quito, 31 de mayo del 2010, dirigida a los Directores Provinciales del Consejo de la Judicatura, (fs. 109 y 110) en el cual el Dr. Benjamín Cevallos dispone que a la brevedad posible inicien sumarios administrativos disciplinarios en contra de los jueces de primer y segundo nivel porque “el treinta por ciento de los señores jueces que les correspondió su conocimiento, sustanciación y resolución, en sentencia han aceptado estas acciones de protección, disponiendo a su cuenta una segunda homologación salarial; e inclusive con efecto retroactivo, esto lo hacen actuando sin jurisdicción ni competencia y arrogándose funciones que única y exclusivamente le corresponde a la Corte Constitucional ”. De fs. 194 a 367 constan resoluciones de innumerables funcionarios judiciales que han interpuesto acciones de protección en ciudades de: Loja, Portoviejo, Cuenca, Machala. De fs. 377 a 380 una resolución de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, (causa N. 812-09) de la Tercera Sala Especializada de lo Penal. Igualmente de fs. 381 a 442 se suman mas resoluciones dictadas por jueces de Zamora Chinchipe, Azuay, todas estas han acogido las acciones de protección por reclamaciones de homologación A fs. 523, resolución 094- DNF.P.2010, de 9 de diciembre del 2010, suscrita por el Ing. Diego Maldonado Barba Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura, que autoriza el traspaso de créditos por el valor de 947.813.58, en base a la resolución N. 044-2010 de 22 de junio del 2010, para realizar el pago de los retroactivos a los servidores judiciales que presentaron amparos de protección por la homologación de remuneración, que fueron aceptados mediante sentencia judicial dictada por autoridad competente. De (fs. 534 a 555), nominas de la Asociación de Funcionarios Judiciales de Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo, que determinan nombres cargos y bandas que tienen algunos funcionarios judiciales, de los que se desprende las escalas: alta, baja y media, según el numero de escala aplicable, Memorando N. 1115-DNAJ-CJ-2010 elaborado por el Director Nacional de Accesoria Jurídica (E) Dr. Fabián Zurita al Director Nacional Financiero (Ing. Diego Maldonado) adjuntado a este oficio (fs. 559 a 562) un reporte de acciones de protección que fueron negadas en diferentes ciudades del país. Memorando DNF-CJ-129-2010 (fs. 562 vta), elaborado por el Director Nacional Financiero Ing. Diego Maldonado para Director Nacional Jurídico Dr. Fabián Zurita que solicita se sirva emitir un listado de las acciones de protección referentes a la homologación salarial de los servidores y servidoras judiciales que hayan ganado los juicios con pago retroactivo con la finalidad de cuantificar los valores a pagar y solicitar financiamiento al Ministro de Finanzas. De fs. 563 a 566 reportes de liquidación de remuneraciones por homologación que corresponden a la unidad El Oro que corresponde a algunos funcionarios judiciales. De fs. 577 a 579 nomina de empleados judiciales que indican nombres, cargo, escalas desde la 6 hasta la 17 y bandas con diferencias remuneratorias de base media y alta. De fs. 581 a 698 bandas de sueldos y cargos con marcadas diferencias remunerativas correspondiente a Esmeraldas, Carchi, El Oro, Loja y de otras ciudades que contienen listados relativos a nombres, cargos y remuneraciones unificadas y certificaciones de sueldos que denotan diferencias en remuneraciones y escalas, información que se complementa ( Fs. 706 a 970) con un distributivo de Sueldos de la Dirección Nacional de Personal relativas a las Provincias de: Santa Elena, Orellana, Sucumbios, Galápagos, Zamora, Tungurahua, Pichincha, Pastaza, Napo, Morona Santiago, Manabí, Loja, Imbabura, Guayas, Esmeraldas, El Oro, Chimborazo, Cotopaxi, Carchi, Cañar, Azuay, Corte Nacional de Justicia. A fs. 1039 Oficio N. MF-SP-CDPP-2009, de 27 de octubre del 2009, emitido por Rubén Tobar Subsecretario de Presupuestos dirigido al Dr. Gustavo Donoso Director General del Consejo de la Judicatura que dice: ante el requerimiento realizado para la homologación de US 9.973.763,43, ésta Secretaría, solicitó conformar un grupo de trabajo, para realizar la verificación de los costos y establecer las fuentes de financiamiento, que permitirían cubrir el monto que representaría su implementación. Los oficios e informes, de fs. 1048 a 1082, evidencian la realización y cumplimiento de la primera fase de homologación, en consideración a la valoración de 18 escalas y las tablas que no excedieron los límites establecidos en el Mandato 002 de 24 de enero del 2008, quedando pendiente la segunda fase de homologación de las remuneraciones de la Función Judicial información que se hizo llegar al Ministro de Finanzas, según Oficio N. 2783 DG-CJ–09 de 24 de septiembre del 2009 enviado por el Dr. Gustavo Donoso, Director General del Consejo de la Judicatura, en este, se solicitaba la aplicación de la Segunda Fase de Homologación. Con memorando N. 0449-S-CJ-MAP- 2010, de fs. 1084 el Dr. Gustavo Donoso, pone en conocimiento al Director Nacional Financiero, la resolución de autorizar el incremento de las remuneraciones. El informe técnico efectuado por el Ing. Diego Maldonado Barba Director Financiero y Dr. Kleber Araujo Director Nacional (E) del Consejo de la Judicatura, (fs. 1100 a 1103) , recomiendan la necesidad de que para cumplir con el proyecto y no existan inconvenientes, se mantengan reuniones con el Ministerio de Finanzas, en vista de que la institución al gozar de autonomía económica, administrativa y financiera, necesita la validación y aprobación por parte del Ministerio de Finanzas. SEXTO: En análisis de los puntos a los que se contraen la impugnación de los accionados, no ha lugar, de que sea procedente recurrir ante la Corte Constitucional para demandar el incumplimiento de actos administrativos. Porque, en la vulneración de derechos constitucionales, al tener la reclamación carácter general y colectiva; la acción de protección se vuelve masivamente imperiosa. La resolución importa a todos los servidores judiciales, no se ha dado el mismo tratamiento homologado. Por cuanto al Consejo de la Judicatura le corresponde aprobar la proforma presupuestaria y la reclamación de la acción planteada no es el desconocimiento de los actos administrativos expedidos de 3 de junio del 2008; y de 25 de agosto del 2009, (fs. 1090 a 1094), como ellos afirman, más bien, al contrario. Todo lo constante en autos demuestra una generalizada desigualdad de sueldos y remuneraciones que reciben los funcionarios judiciales en todo el Ecuador, hechos que demuestra la violación de derechos constitucionales. La Constitución ( Art. 84) ha proveído la obligatoriedad a todo órgano con potestad normativa de adecuar, formal y materialmente, las leyes, y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano. En tal virtud, es inherente pensar que quien representa al Estado (Art. 85 N. 1, 2, 3 ibidem) en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, y servicios públicos, se orienten al buen vivir. Por tanto, las políticas del Consejo de la Judicatura tendientes al realizar la homologación salarial, para dar cumplimiento al mandato 002, debió cuidar de no vulnerar o amenazar con vulnerar derechos constitucionales, así como efectivamente en su ejecución, tenía la obligación de reformular en el cumplimiento de la homologación, medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto garantizando la distribución solidaria y equitativa del presupuesto del Estado, tal como lo prevén las citadas normas constitucionales. Los accionantes han llegado a probar con documentación suficiente que cantidad de funcionarios judiciales con los mismos cargos, escala, que van desde la banda Media (M) hasta la Alta (A), aun con resolución, no han llegado aun a la banda Techo, con diferenciaciones en remuneraciones. Así: un auxiliar de servicios 1, percibe remuneración de 900 dólares mensuales, Auxiliar de servicios 1, 1200; auxiliar de servicios 1, 1415,99; auxiliar de servicios 2, 1300; auxiliar de servicios 2, 1626,23. Ayudante judicial 1, 1200, ayudante judicial 1, 1600, ayudante judicial 2, 1700; Citador 1200, citador, 1600. Diferencias que se observa en diferentes distritos: Santo Domingo, Juez Décimo Octavo de lo civil 3200. Juez Décimo Noveno de lo Civil, 2400. Santa Elena: Juez Décimo Sexto de lo Civil 2400, Juez Décimo Séptimo de lo Civil 3947. Distrito Tungurahua: Secretario Juzgado Sexto Civil 2300, Secretario Juzgado Séptimo Civil 2757,63. Distrito Pichincha: Secretario Juzgado Segundo de la Niñez 2757,63, Secretario del Juzgado Cuarto de la Niñez 1700. Distrito Manabí Secretario Primero de Garantías Penales 2757.63, Secretario de Juzgado Tercero de Garantías Penales 1700. Distrito Loja: Secretario Juzgado Octavo de Garantías Penales 2300, Secretario Juzgado Noveno de Garantías penales 2757,63. Distrito Chimborazo: Juez Sexto de Garantías Penales 3947 y Juez Quinto de Garantías Penales 2400. Distrito Guayas: Ayudante Judicial 1 del Juzgado Sexto de Garantías Penales 1200. Juzgado Séptimo de Garantías Penales Ayudante Judicial 1, 1600. Consejo de la Judicatura: Técnico 2, 1600; Técnico 2, 1200. Corte Nacional: Primera Sala de lo Penal, Ayudante Judicial 3, 2513,98; Ayudante Judicial 3, 2100. ( fs. 706 a 900). La reclamación de los accionantes se encuentra justificada. No obstante la Sala se haya pronunciado en otro sentido, en resoluciones individuales anteriores, los procedimientos del Consejo de la Judicatura, expresan la decisión de desatender los principios constitucionales reclamados, con la evidencia aparejada por el accionante. No así, las alegaciones de los accionados. El Consejo de la Judicatura no ha dado una aplicación inmediata, para que se les reconozca su derecho constitucional, esto es, a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración, esta debe ser justa, equitativa con relación a cada función, la discriminación implica que de hecho hay, trato diferenciado, ubicando a unos funcionarios judiciales en privilegio con la misma categoría y en ejercicio de una misma función y cargo publico, segregando y relegando con salarios que demuestran trato particular. SEPTIMO: Las principales normas contenidas en Constituciones o leyes fundamentales que hacen referencia a la igualdad, son normas generalmente incluidas en cláusulas antidiscriminatorias que contienen prohibiciones generales de discriminación o proclamaciones, (por ejemplo, la igualdad de genero, la igualdad salarial, la igualdad en el acceso a los cargos públicos, etc.). El principio de igualdad, designa un concepto racional, de una persona, de un objeto, de una situación, un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos. La expresión del principio de igualdad, se presenta como una prohibición de discriminar. ( Art. 11 N. 2 de la Constitución de la República). En este sentido las distinciones o diferencias se las podría entender que: “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades” y prohíbe realizar a mas de las especificadas, cualquier otra forma de distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos. En la esfera constitucional, en el caso del derecho al trabajo, tiene una aplicación más concreta. El postulado de "A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL". (Art. 326 N. 4 ibidem). En este sentido, hay que recordar que, deben existir criterios razonables y objetivos, que justifiquen un trato diferente, o discriminatorio, entre trabajadores que desempeñen unas mismas funciones o similares, que hagan posible reconocer por la parte patronal un mayor salario, sea éste por la cantidad o calidad de trabajo, por su eficiencia, por la complejidad de la labor o por el nivel educativo del empleado. La diferencia y la distinción, configura la discriminación; y, además la negación de un bien que es debido. Lo contrario a la igualdad es la discriminación, lo cual podría concebirse como la falta de proporcionalidad dentro de un ordenamiento jurídico. De lo anterior, se deduce “dos clases de discriminación, la legal -caso de las leyes injustas-, o la de hecho, es decir, la que contraría el orden legal preestablecido. El principio de igualdad sólo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales. Ello nos ubica frente al principio de igualdad contrario a la discriminación o exclusión, salvedad, exención. De lo que se colige, también dos elementos bien marcados: prohibición y protección, que deben ser favorecidas por el Estado. Este principio prohíbe trato diverso, y como consecuencia, su constitucionalidad está sujeta a que se aporten razones que lo justifiquen. Implica al reconocimiento del deber del Estado a propender un trato Paritario (paralelo, proporcional, igualado) entre los individuos; y estos deben desarrollarse de manera progresiva a través de normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, garantizando las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio (Art. 11 N. 8 Constitución de la República). La acción de protección planteada por el accionante ANGEL RUBIO GAME, en representación de miles de funcionarios judiciales, se fundamenta en la idoneidad para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, a fin de promocionar o proteger a aquellos grupos despreciados cuyas características están diferenciadas por las escalas que teniendo los mismos nombramientos y cargos públicos perciben remuneraciones con una gran diferencia de sueldos. El Art. 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Pacto de San José, Costa Rica 1969) establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo antes los jueces y tribunales competentes, que la amparen contra actos que viole sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. OCTAVO: El juzgador debe actuar apegado a los principios de: tutela judicial efectiva de los derechos, de la verdad procesal, interpretación de normas procesales, supremacía constitucional, aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional, interpretación integral de la norma constitucional, legalidad, jurisdicción y competencia, autonomía económica, financiera y administrativa, imparcialidad, previstos en los artículos Art. 4, 5, 6, 7, 9, 14 y 8 Art. último, referente al principio de independencia que dice: Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla son independientes incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial. Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de la Función Judicial” ( las negrillas son nuestras). Los principios enunciados fueron violentados por Oficio circular N. 803-P-CJ de Quito, 31 de mayo del 2010, dirigida a los Directores Provinciales del Consejo de la Judicatura, (fs. 109 y 110), en el cual el Dr. Benjamín Cevallos dispone: “que a la brevedad posible inicien sumarios administrativos disciplinarios en contra de los jueces de primer y segundo nivel porque el treinta por ciento de los señores jueces que les correspondió su conocimiento, sustanciación y resolución, en sentencia han aceptado estas acciones de protección, disponiendo a su cuenta una segunda homologación salarial; e inclusive con efecto retroactivo, esto lo hacen actuando sin jurisdicción ni competencia y arrogándose funciones que única y exclusivamente le corresponde a la Corte Constitucional ” (Las negrillas son nuestras). Acto administrativo que propició y mantuvo a trabajadores y funcionarios judiciales en un estado de violación del derecho a la igualdad y la no discriminación, a lo que es necesario añadir la marcada diferencia de remuneraciones recibidas, con relación al mismo cargo y funciones, según se desprende de todo la abundante documentación constante en autos y acciones de protección concedidas para unos y para otros negadas, más aún si este sistema de pago de remuneración se ha venido aplicando de manera práctica y categórica, a partir del 25 de Agosto del 2008, y del oficio enviado por la FENAJE al Presidente de la Judicatura, para que deje sin efecto el mencionado oficio circular N. 803-P-CJ, de 10 de junio del 2010, porque rompe la autonomía e independencia de los jueces, actos paralelamente que influyeron notablemente a mantener la desigualdad de salarios y a discriminación salarial, segùn la Escala de Remuneraciones Homologadas aplicada por el Consejo de la Judicatura en subdivisión de las bandas: base, medio, techo que ha provocado diferencias, afectando a miles de empleados ( jueces, secretarios, ayudantes judiciales, choferes, auxiliares de servicios, etc) que se encuentra en escalas numeradas desde 1 a 16. Escalas que han sido aplicables para la homologación de unos y de instrumento de exclusión para otros que ostentan el mismo cargo encontrándose en la misma escala laboral, promoviéndose por estas circunstancias y diferencias la violación del derecho de a igual trabajo igual remuneración ( Art. 326 N. 4 y Art. 11 N. 2 Constitución de la República), que prohíbe cualquier forma de discriminación. La Carta Fundamental ecuatoriana establece derechos y confiere garantías de ejecutividad y paliación inmediata a través de la normativa (garantías jurisdiccionales) y su objetivo no es enunciativo, es trascendental y radica precisamente en ser el instrumento por medio del cual todas las personas disponen para un real goce y disfrute de ellos. La demanda de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (ENAJE), se basa en un tema de discriminación e iniquidad salarial, prohibidos expresamente por el texto Constitucional, y puesto a juicio del órgano jurisdiccional para emitir el correspondiente fallo, ha de entenderse que en el ámbito constitucional y jurídico por varias circunstancias y en diferentes esferas, entre otras, en el caso en estudio en lo laboral. La discriminación se evidencia cuando la norma o la práctica crea separaciones o tratamiento desiguales en donde existe igualdad o debería existir. Habiéndose demandado una acción de protección ésta es de naturaleza principal, de mayor jerarquía, totalmente independiente, de conocimiento, preferente, universal, reparadora de derechos fundamentales y para demandar su reconocimiento, requiere que exista la vulneración de derechos fundamentales, independiente del origen del acto proveniente, ya de autoridad administrativa, o de normas, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, etc,. La vulneración de derechos fundamentales, puede provenir de varias circunstancias según actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. El Juez Constitucional y de Garantías Jurisdiccionales está obligado a aplicar directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, aun cuando las partes no las invoquen expresamente, ( Art. 427 Constitución de la República). Allí el juez, ya no es boca de la ley, sino el garante en el reconocimiento del principio de Supremacía Constitucional y su obligatoriedad de tutela o garantía jurisdiccional. El Artículo 88 ibidem, dispone que ha de concederse, cuando exista vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad y la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefención o discriminación. La discriminación se evidencia cuando la norma o la práctica crea separaciones o tratamientos desiguales. El Consejo de la Judicatura estableció las bandas, media y baja y alta, mejorando los sueldos y salarios para un grupo, mientras que para unos cientos no se hizo efectiva, permaneciendo excluidos de dicho beneficio de igualdad y cayendo en un trato de exclusión para todos los demás empleados de la Función Judicial, pese a tener los mismos cargos ubicados en las bandas bases, no han alcanzado trato igual remuneratorio, exclusión o salvedad mantenida por poca preocupación del Consejo de la Judicatura. De tal suerte que atendiendo a estas circunstancias la acción de protección, es única, y encuentra explicación racional y lógica en lo contenido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales porque, lo que se reclama es un derecho violado y su reparación. En el caso que se juzga, no es procedente impugnar la violación de derechos constitucionales o su amenaza vía judicial, ante una de las Salas de lo Contencioso Administrativo. El objeto, no ha sido impugnar actos administrativos, porque el Pleno del Consejo de la Judicatura ya resolvió la homologación salarial, ya que el contenido de la acción de protección y el recurso planteado por Ángel Rubio Game en representación de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (FENAJE), presupone reclamación de la amenaza y violación de derechos y principios constitucionales, de instrumentos internacionales de derechos humanos. Por las consideraciones expuestas y por el grave daño que ocasiona a los accionantes al no haber recibido el alza de remuneraciones, derecho intrínseco de la persona que ha significado la no equiparación de remuneraciones de los demandantes, se ha violado los artículos 11 Numerales. 2, 3, 4, 5 6, 7, 420 Numeral 4, de la Constitución de la República, y con fundamento en Art. 16 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales por cuanto la entidad pública no ha demostrado lo contrario ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, la Sala: Acepta, la acción de protección, y dispone lo siguiente: a) Que el accionado Consejo de la Judicatura a través de su representante legal, aplique la II fase de Homologación y ubique a todos los cargos de los trabajadores y funcionarios judiciales en la banda Techo de la remuneración de escalas 1 a 16 que se encuentran en la banda (baja y media), a fin que se dé el mismo tratamiento salarial homologado de igual rango y escala laboral. b) Se repare el derecho violado ejecutando el pago de las remuneraciones homologadas, esto es desde el mes de agosto del 2009, según regulación de Bandas, Base y Media al Techo y con efecto retroactivo en el que se ha fijado el monto máximo de las Remuneraciones a los servidores públicos. d) Al amparo del Artículo 21 de la Ley Orgánica de Control Constitucional se delega el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia a la Defensorìa del Pueblo: para dicho efecto ofíciese a su representante. El Secretario de la esta Sala, una vez ejecutoriada esta sentencia, remita copias certificada a la Corte Constitucional conforme lo prevé el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República. Revoca la sentencia venida en grado. CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.- (Segunda Sala Garantías Penales de Pichincha)



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